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Galicia alerta de que la reforma del reglamento de Costas pone en riesgo "como minimísimo" a más de un centenar de empresas de su complejo mar-industria
  • La Xunta lleva advirtiendo desde abril del año pasado de la inseguridad jurídica que genera la propuesta del Gobierno del Estado y de que puede suponer un freno para todo el sector marítimo pesquero de la comunidad
  • Solicita que se garantice al máximo la seguridad jurídica y que los distintos operadores afectados no queden expuestos a decisiones arbitrarias y cambios de criterio que puedan producirse en función del Gobierno de turno
  • El impacto de los cambios normativos se extiende a cerca de 5.000 edificaciones de 80 ayuntamientos costeros entre las que se encuentran colegios y centros de salud
  • La conselleira del Mar pide sensibilidad al Gobierno del Estado y destaca que las empresas afectadas desarrollan una actividad que no supone ningún riesgo para el medio ambiente y sí mucha riqueza para las zonas costeras

  • Santiago de Compostela, 22 de enero de 2020.- La conselleira del Mar, Rosa Quintana, alertó hoy de que la propuesta de modificación del reglamento general de Costas impulsada por el Gobierno central pone en riesgo "como minimísimo a más de un centenar de empresas" del complejo mar-industria asentadas en el litoral Galicia, como depuradoras, cetáreas, cocederos o fábricas de conservas, y explicó que este cambio normativo puede traducirse en un freno para todo el sector marítimo-pesquero de la comunidad.

    “Esta reforma ataca a la línea de flotación de nuestro sector pues tenemos que pensar que toda nuestra producción de mejillón, almeja o berberecho tiene que pasar por depuradoras, cocederos o empresas de transformación y, si estas no tienen seguridad jurídica, se vería seriamente comprometida la puesta en el mercado de la producción de nuestros mariscadores y bateeros”, resumió la titular de Mar.

    Rosa Quintana recordó que el Ejecutivo gallego lleva advirtiendo desde abril del año pasado de la inseguridad jurídica que genera la propuesta del Gobierno del Estado y destacó que Galicia defiende un reglamento que tenga en cuenta a viabilidad y sostenibilidad de las industrias que se relacionan con el mar porque de eso depende el futuro del sector.

    De hecho, los alegatos presentados por la Xunta al cambio legislativo solicitan que se garantice al máximo el principio de seguridad jurídica y que los distintos operadores afectados no queden expuestos a decisiones arbitrarias y cambios de criterio que puedan producirse en función del Gobierno de turno y que incidan en el desarrollo de su actividad.

    Entre los aspectos que el Ejecutivo gallego considera perjudiciales para las empresas afectadas está que el plazo máximo de duración de las concesiones quedaría muy limitado, a un máximo de 75 años incluidas las prórrogas. La Consellería del Mar defiende que ese plazo, de 75 años, no incluya lo de la concesión sino únicamente las prórrogas, pues de lo contrario pondría en riesgo la viabilidad de empresas que diseñaron sus planes empresariales de acuerdo con los plazos anteriormente previstos.

    Otro asunto que la Xunta considera contraproducente es el hecho de que se revisen nuevamente los requisitos cumplidos para el otorgamiento de la concesión cuando se tenga que decidir sobre la prórroga. Esta medida también complicaría el futuro de numerosas instalaciones al incrementar la documentación, el tiempo y los gastos necesarios para renovar o ampliar esas concesiones.

    La reforma del reglamento de espaldas establece además el deber de derivar fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre las actividades que puedan desarrollarse en otro lugar, algo que, aunque puede ser viable técnicamente, implicaría un encarecimiento de la producción, por lo que puede hacer insostenible la situación económica de algunas empresas al provocar que pierdan rentabilidad.

    Otras instalaciones afectadas

    Al margen del complejo mar-industria, el reglamento afecta a cerca de 5.000 edificaciones de 80 ayuntamientos costeros, entre las que se encuentran desde centros de salud hasta colegios. Para evitar consecuencias negativas en estas instalaciones, las conselleiras del Mar, Rosa Quintana, y Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, solicitaron en varias ocasiones al anterior Ministerio para la Transición Ecológica que aclarara diferentes dudas y limitara la incidencia de la reforma del reglamento de Costas que promueve, sin que por el momento el Estado aportase nada nuevo sobre este asunto.

    La conselleira del Mar reiteró que la Xunta defiende ante todo el principio de seguridad jurídica y le pidió sensibilidad a la nueva Vicepresidencia para la Transición Ecológica. “Sería darle un estacazo definitivo a la cadena mar-industria, a unas empresas que hemos acreditado que desarrollan una actividad que no supone ningún riesgo para el medio ambiente y sí mucha riqueza para nuestras zonas costeras”, concluyó la titular de Mar.