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La Xunta censura el recurso del ejecutivo del Estado contra el Plan del marisqueo por invadir competencias de Galicia y atentar contra la labor de cerca de 9.000 profesionales
  • La Administración gallega recuerda que lleva 29 años tramitando y aprobando los planes de explotación marisquera sin que ninguno fuera recurrido así como la improcedencia del informe que reclama el Gobierno central
  • La titular de Mar lamenta la guerra abierta por el Ministerio de Transición Ecológica contra el sector y la falta de sensibilidad mostrada con sus profesionales
  • Galicia subraya que la orden por la que se aprueba el plan general no otorga zonas de explotación marisquera, ni en régimen de autorización ni de concesión, por lo que no es preciso ningún informe sobre la ocupación de terrenos en dominio público marítimo-terrestre
  • La ausencia del plan general generaría un vacío legal en la gestión de los recursos marisqueros al eliminar las reglas que garantizan una actividad ordenada, sostenible y respetuosa con el medio ambiente
     

  • Santiago de Compostela, 8 de junio de 2021.- La conselleira del Mar, Rosa Quintana, censuró hoy en el Parlamento a presentación del recurso contra el Plan General de Explotación Marisquera 2021-2023 por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por invadir las competencias exclusivas de Galicia en esta materia. La titular de Mar lamentó que se trata de un nuevo ataque de mucha gravedad contra el sector del mar de la comunidad pues atenta contra la labor de cerca de 9.000 profesionales del marisqueo.

    La representante del Gobierno gallego destacó que ese recurso está injustificado y carece de toda lógica pues el Estatuto de Autonomía de Galicia otorga a la comunidad las competencias en materia de pesca “en las rías y demás aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura”. De él, añadió, parten el resto de normas -entre los que se incluye el Plan General de Explotación Marisquera- que regulan el marisqueo desde hace décadas y que en ningún caso fueron recurridas por el Ejecutivo del Estado.

    “El Gobierno gallego lleva 29 años -desde 1992- tramitando y aprobando los planes de explotación marisquera sin que hubiera problema alguno o solicitud por parte de ninguno de los gobiernos de informes preceptivos al respecto. Tampoco se hizo referencia ni se adoptaron medidas por parte del Gobierno central contra las diferentes normas que disponen el planteamiento de estos planes”, aclaró Rosa Quintana.

    La titular de Mar incidió en la incongruencia del recurso presentado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pues nada cambió en la normativa que regula esta materia y subrayó que el informe a lo que hace referencia el recurso no es preciso en este caso al igual que no lo fue en los 29 planes generales de explotación marisquera aprobados en las últimas décadas.

    La conselleira del Mar defendió que esta es una muestra más de la guerra abierta por el Gobierno central contra el sector del mar de Galicia, algo que queda patente también en la actitud del Ministerio de Transición Ecológica durante la tramitación del recurso. Antes de su presentación el Gobierno central hizo un requerimiento previo en el que pidió directamente la derogación del plan general en vez de solicitar aclaraciones o la presentación de alegatos.

    Galicia explicó la improcedencia de la petición del Gobierno central y aclaró que la orden por la que se aprueba el plan no otorga zonas de explotación marisquera, ni en régimen de autorización ni de concesión, por lo que no es necesario el informe sobre la ocupación de dominio público marítimo-terrestre que demanda el Estado.

    “El plan para los años 2021-2023 sigue la línea de los planes anuales anteriores, para los que no se requería ese informe, y que en ningún caso fueron recurridos por el Ejecutivo central. La única novedad es que pasan a establecer objetivos (biológicos, ecológicos y socioeconómicos) a tres años”, remarcó Rosa Quintana.

    Impacto en el sector

    Las explicaciones de la Xunta, no obstante, no fueron atendidas por el Gobierno estatal, que presentó un recurso que muestra la falta de sensibilidad con el sector obviando su realidad y poniendo en riesgo el desarrollo normal de su actividad. “El importante en este proceso no somos los Gobiernos sino el marisqueo gallego. La posibilidad de que se suspenda cautelarmente (o se derogue) el plan general generaría un vacío legal en la gestión y explotación de los recursos marisqueros pues eliminaría las reglas que garantizan una actividad ordenada, sostenible y respetuosa con el medio ambiente”, subrayó la titular de Mar.

    La conselleira incidió en el impacto que esa situación tendría en el sector pues afectaría a los 94 planes de gestión incluidos en el Plan General de Explotación Marisquera, diseñados por el propio sector en colaboración con la Administración, y pondría en riesgo a actividad de 8.700 personas en la comunidad, unas 3.700 dedicadas al marisqueo a pie y alrededor de 5.000 que trabajan en el marisqueo desde embarcación.

    Por eso, la Xunta va a adoptar las medidas que sean precisas para defender hasta las últimas instancias los intereses del sector y un modelo de gestión con décadas de historia, basado en la cogestión de los recursos y que ya ha demostrado su eficiencia y eficacia. Además, recordó que las entidades que se consideren perjudicadas pueden personarse como codemandadas en el proceso, como ya están haciendo muchas cofradías y federaciones de cofradías de pescadores de Galicia.
     

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