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La Xunta valora positivamente el inicio de los debates con el Gobierno central sobre la Ley de cambio climático y las concesiones en dominio público marítimo-terrestre
  • El Ejecutivo gallego considera un paso de buena voluntad a predisposición del Ejecutivo estatal a dialogar y negociar sobre una normativa que afecta al futuro de las empresas afincadas en el litoral de Galicia

  • Santiago de Compostela, 13 de septiembre de 2021.- El Diario Oficial de Galicia publicó hoy el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley estatal de cambio climático y transición energética. Se trata de un paso que la Xunta de Galicia considera positivo pues, de este modo, se podrán debatir con el Gobierno central determinadas discrepancias en el artículo 20 y la disposición derogatoria única de las que el Gobierno gallego lleva advirtiendo desde hay más de dos años y que hacen referencia a los plazos de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre de distintas instalaciones asentadas en la costa.

    Tal y como refleja el acuerdo, con el objetivo de resolver las discrepancias y proponer soluciones idóneas se designará un grupo de trabajo dentro de la comisión bilateral. El Ejecutivo gallego valora esta decisión como trascendental, pues abre la puerta a ahondar, junto con el Gobierno central, en los argumentos expuestos por la Asesoría Jurídica de la Xunta y por el Consello Consultivo nos sus informes sobre esta normativa.

    El Gobierno gallego tratará, por lo tanto, de aclarar la inseguridad “jurídica” que ofrece la actual redacción del artículo 20 —antes 18—, en lo relativo a la duración de las concesiones y derivada de la coexistencia de dos normas que regulan ese extremo.

    Para la Xunta es un paso de buena voluntad que el Gobierno central tenga predisposición a dialogar y negociar sobre una normativa que afecta al futuro de las empresas afincadas en el litoral de Galicia. La Xunta manifiesta su voluntad total para seguir buscando soluciones que garanticen la seguridad jurídica de estas industrias, entre ellas más de un centenar de la cadena mar-industria, así como otras 5.000 edificaciones ubicadas en la línea de costa.