Usted está aquí

Noticia

La Xunta apoya a los mariscadores de O Burgo en sus demandas y recuerda que es el Gobierno central como promotor del dragado quien debe ejecutar las compensaciones
  • El Ejecutivo gallego censura el inmovilismo y las reticencias de la Administración estatal a hacerse cargo de las indemnizaciones a los profesionales del marisqueo a pesar de ser su competencia exclusiva, tal como acredita un informe independiente elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela
  • La conselleira del Mar subraya que el Ejecutivo del Estado incluyó en el proyecto de dragado algunas mejoras propuestas por los ayuntamientos durante la fase de alegaciones que elevan su coste en dos millones de euros y que debería tener previstas también las compensaciones para las mariscadoras y mariscadores
  • Rosa Quintana reitera la voluntad de colaboración de la Administración autonómica para buscar una solución que evite perjuicios al sector y recuerda que ya en enero de 2019, a pesar de no ser competencia suya, presentó una propuesta de plan social en el que participaran todas las administraciones implicadas

  • A Coruña, 19 de octubre de 2021.- La conselleira del Mar, Rosa Quintana, recordó hoy que el Gobierno central es el promotor del dragado de la ría de O Burgo y, como tal, también es el responsable de hacer frente a las indemnizaciones correspondientes por la inactividad del sector marisquero mientras duren los trabajos en el estuario coruñés. Durante la reunión convocada por la cofradía de pescadores de A Coruña con el conjunto de administraciones afectadas por esta actuación, la representante del Ejecutivo gallego incidió en que la Administración estatal debe abandonar el inmovilismo, cumplir con sus deberes y hacerse cargo de las compensaciones para los profesionales afectados por las obras.
    La titular de Mar recordó que se trata de un asunto que el Gobierno autonómico ya trasladó en varias ocasiones y que fue acreditado por un informe independiente elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que califica el proyecto como de interés general y de competencia estatal, por lo que corresponde al Estado afrontar el pago de las correspondientes indemnizaciones.
    En este sentido, Rosa Quintana recordó que el procedimiento a seguir es el mismo que en cualquier otra actuación y puso como ejemplo las obras realizadas por la Xunta en la variante de Noia. En cuyo caso, incidió, fue la Consellería de Infraestructuras y Movilidad la que asumió las indemnizaciones a los afectados pues era la Administración promotora de la obra.
    La titular de Mar subrayó además que, al igual que el Gobierno central incluyó en el proyecto de dragado mejoras propuestas por los ayuntamientos durante la fase de alegaciones -que supusieron un incremento de dos millones de euros en el coste de la obra y centradas en inversiones de orden urbana en los paseos marítimos-, también debería prever las compensaciones correspondientes para los profesionales del marisqueo que se ven perjudicados por la paralización de su actividad durante la ejecución de los trabajos.

    Colaboración

    La conselleira del Mar censuró el inmovilismo del Gobierno central y sus reticencias a asumir su responsabilidad en un asunto que el Ejecutivo gallego considera prioritario y de especial importancia para que los profesionales del sector no se vean perjudicados al no poder faenar mientras duren los trabajos.
    En este sentido, la representante de la Xunta de Galicia destacó que la Administración autonómica trasladó en todo momento su voluntad de colaboración con el objetivo de conseguir una solución satisfactoria para las mariscadoras y los mariscadores afectados por el dragado de O Burgo. Con ese objetivo, ya en enero de 2019 propuso un plan social -sobre el que no obtuvo ninguna respuesta- con la participación de las administraciones estatal y autonómica y los ayuntamientos del entorno.
    Ese plan preveía la aportación por parte de la Xunta de un presupuesto de 100.000 euros, una aportación en la misma medida de cada uno de los ayuntamientos afectados por el proyecto y la participación del Gobierno central hasta un total de un millón de euros de inversión. La propuesta del Ejecutivo gallego también incluía la demanda a la Administración estatal de que los trabajos de recogida y reposición de semilla en la zona -que cuentan con un presupuesto de 620.000 euros en el proyecto de la obra- fueran realizados por los propios profesionales de la cofradía de A Coruña mediante la fórmula legal de encargo que sea innecesaria.
    A pesar de que la competencia y el deber de compensar a los afectados es del Gobierno central, la conselleira del Mar reiteró la voluntad de colaboración de la Xunta para aportar una solución a los profesionales afectados por esta obra, que es fundamental tanto para los vecinos de los ayuntamientos ribereños como para las mariscadoras y mariscadores del entorno.