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Santiago de Compostela, 18 de febrero de 2025

La Consellería do Mar acusa al Gobierno central de actuar con una manifiesta "irresponsabilidad" ante la reiterada negativa de asumir íntegramente las compensaciones económicas a las personas mariscadoras de la ría do Burgo. Así, valoran la posición del Estado, ofreciendo asumir la mitad de las ayudas, como un intento de "echar balones fuera" para no asumir sus deberes como único promotor de las obras de dragado de esta zona productiva. Una oferta que contrasta con la reiterada negativa a participar en las periódicas reuniones a las que fueron convocados por parte de la cofradía.

Desde la Xunta recuerdan que el pasado 27 de enero fue remitida una carta de respuesta a la enviada por el secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que también se instaba al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a corregir las múltiples deficiencias en la ejecución de la obra señaladas por la propia asistencia técnica de la cofradía en un informe que concluye que se dejaron 24 de los 27 bancos marisqueros en peor estado respecto al inicio de la actuación. Concretamente se indica que todas las zonas de marisqueo la flote fueron afectadas así como 20 de los 23 bancos de marisqueo a pie.

Entre las deficiencias se enumeran la reducción de las superficies productivas, variaciones en la batimetría, modificaciones de las características granulométricas así como la presencia de irregularidades en el terreno causadas por la maquinaria pesada cuya origen está en el final inadecuado o incompleto de los trabajos. Una situación que compromete gravemente el futuro de la actividad marisquera en la zona y que dejan a las personas mariscadoras en una situación de gran "incertidumbre".  

La Xunta acusa al Gobierno central de "insensibilidad" para con las 70 familias afectadas y de eludir sus compromisos como promotor de estas obras tratando "de manera irresponsable y utilizando a las personas mariscadoras como daño colateral" para que sea la Administración autonómica quien asuma las consecuencias de unos trabajos que "ejecutaron otros". Una posición que está avalada por un informe encargado a la Universidad de Santiago de Compostela que aborda la competencia y responsabilidad del pagado de las ayudas por parte del promotor de los trabajos de dragado.

Desde el Gobierno gallego se reitera el apoyo a las demandas de los profesionales y sus familias que exigen el abono de compensaciones económicas hasta que sea posible retomar la actividad como señala la propia declaración de impacto ambiental de la obra. Un documento publicado en el BOE el 27 de septiembre del 2017 que señala que el cese de la actividad marisquera incluye el período que transcurre desde que finalizan las obras hasta que los bivalvos sembrados consigan tamaño comercial. Aspecto que, denuncian, se está incumpliendo de manera "flagrante".