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La Xunta lamenta los 4 años de parálisis en el dragado del Lérez por la decisión de Transición Ecológica de cerrar el punto de vertido que ahora autoriza a una milla del anterior
Portos de Galicia recibió el informe del Ministerio en el que reitera que el punto E8 empleado hasta 2021 "no conllevaría una afectación negativa" pero prioriza el B, situado a 1,8 kilómetros
El ente autonómico ya inició los trámites que permitan comenzar la evaluación ambiental para la posterior redacción y licitación de las obras
Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2025
La Xunta de Galicia lamenta profundamente los cuatro años de parálisis impuesta por el Ministerio de Transición Ecológica a 16 obras de dragado en el litoral sur de la comunidad y de manera señalada al dragado del río Lérez por la decisión trasladada en abril de 2021 de no autorizar más vertidos en el punto E8, en el exterior de Sálvora. Después de recibir el informe en el que la Subdirección General de Biodiversidad prioriza el punto B situado a una milla del E8 pese a validar también el propio punto E8 y constatar que "no conllevaría una afectación negativa", la Xunta de Galicia reitera el perjuício causado por la decisión del Estado la una obra demandada reiteradamente por la comunidad portuaria de Pontevedra, cofradías, club naval, Ayuntamiento y por acuerdo unánime de Parlamento de Galicia.
El informe del MITECO que valida el uso de las 3 zonas de vertido evaluadas (E8, B y D) viene determinado por el informe del CEDEX, el organismo técnico estatal de mayor prestigio en materia de dragados, remitido al MITECO el pasado mes de abril. Dicho informe del CEDEX se basa a su vez en el trabajo de campo realizado por la comisión integrada por Portos de Galicia, las Autoridades Portuarias del Estado en Galicia y el propio CEDEX a lo largo de los últimos cuatro años para elaborar el estudio de alternativas solicitado por el MITECO en el momento de la clausura del punto E8 en 2021.
Con todo, Portos de Galicia ya inició los trámites necesarios para comenzar con la evaluación ambiental del proyecto -que incluye redacción de estudio de impacto ambiental, información pública y solicitud de informes oficiales a las distintas administraciones y entidades implicadas, incluyendo la Administración General del Estado- para la posterior redacción del proyecto de obra y licitación.
