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Santiago de Compostela, 16 de febrero de 2026

Las conselleiras de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantuvieron hoy un encuentro con representantes del complejo mar-industria, ayuntamientos costeros y otras entidades para informar de la pretensión del Gobierno central de modificar nuevamente el Regulamento Xeral de Costas por la puerta de atrás escudándose en que así se lo exige Bruselas. En la reunión las partes analizaron la falta de transparencia existente en este proceso y coincidieron en la necesidad de exigir un mayor plazo para la presentación de aportaciones —pues el Ejecutivo central limita la consulta pública previa a 15 días, el plazo mínimo recogido en la legislación para este trámite— así como conocer todos los detalles y fines de esa pretendida reforma legislativa.

Ángeles Vázquez lamentó que el Ministerio para la Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico repite el modus operandi de 2018 y 2024, las dos veces anteriores en las que intentó modificar la normativa coartando la participación del conjunto de la ciudadanía y con el único fin de restringir los usos de la costa. En el primer caso el Tribunal Supremo acabó anulando la reforma del Regulamento Xeral de Costas por un defecto de forma y en el segundo, el propio Gobierno central paralizó el procedimiento ante el rechazo frontal de las comunidades autónomas costeras.

La titular de Medio Ambiente e Cambio Climático denunció el oscurantismo de este tercer intento e instó al Ejecutivo central a aportar toda la información sobre lo que pretende hacer así como aclare lo que realmente le pide Bruselas. En esta línea, recordó que la Xunta demandó información en varias ocasiones sobre el contenido del expediente de infracción abierto por la Comisión Europea, pero no la obtuvo.

Ante esta situación, Galicia va a exigir al Ministerio en sus alegaciones —que se pueden presentar hasta el próximo jueves— que remita toda la documentación relativa al procedimiento iniciado por Bruselas, que exponga claramente el alcance real de la modificación del reglamento y que amplíe a un mes el plazo de la consulta pública previa, para hacer efectiva la participación que se infiere de este tipo de trámites. De hecho, animó al sector del mar, a los ayuntamientos y al resto de entidades a sumarse a las propuestas de la Xunta o presentar las suyas propias en la defensa de sus intereses.

Además, Ángeles Vázquez señaló que a la falta de transparencia se añade un despropósito en el procedimiento pues el Gobierno central pretende hacer cambios primero en el Regulamento Xeral de Costas y después en la ley, cuando el Derecho español establece de manera inequívoca que los reglamentos desarrollan las leyes, no a la inversa, por lo que el orden elegido es totalmente irregular y fuera de lo común desde el punto de vista jurídico. Detrás de este modo de actuar se esconde la pretensión de evitar el trámite parlamentario, el debate público y que la reforma tenga que ser aprobada por el Congreso de los Diputados.

Transparencia, no recortes

En esta línea, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático subrayó que Europa le pide a España transparencia al otorgar las concesiones —porque el Ejecutivo central nunca contó con un registro ni dio cuenta de los títulos dados en la costa—, pero no le dice nada de acortar el plazo de las concesiones, como lleva tiempo queriendo hacer. Además, le afeó que un asunto de estas dimensiones no fuese expuesto a las comunidades, tal como corresponde, en una conferencia sectorial, el órgano legalmente constituido de coordinación y colaboración entre Administración General del Estado y autonomías.

La Xunta lamenta que todo apunta a un nuevo intento de reformar por la puerta de atrás el Regulamento Xeral de Costas y avanzar en la pretensión del Gobierno central de eliminar cualquier vestigio de presencia humana del litoral antes de 2050. Para ello trata de limitar las concesiones de las prórrogas en dominio público marítimo-terrestre (DPMT) a solo 30 años —frente a los 75 vigentes—, endurecer los requisitos para instalar cualquier tipo de negocio en el litoral y ampliar el DPMT —limitando la propiedad privada, económica e industrial— llevando la línea de deslinde tierra adentro.

En este sentido, Ángeles Vázquez advirtió de que el Ejecutivo gallego va a defender los intereses de la comunidad hasta el final y que velará para que no haya injerencias en las competencias de Galicia sobre la costa, desarrolladas a través de la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral (Loxilga).

De hecho, lamentó el modo de proceder del Ministerio para la Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico en su pretendida modificación del reglamento —limitando la participación y sin transparencia— e instó a hacer las cosas bien, como hizo Galicia en su momento con la Loxilga. En esta línea, recordó que la Xunta siempre defendió la necesidad de reformar la ley de costas estatal para adaptarla a la realidad actual y tomando como modelo la normativa gallega, que busca alcanzar un equilibrio entre los aspectos medioambientales, los económicos y los sociales.

Defensa de la seguridad jurídica

Precisamente, la conselleira do Mar expuso en la reunión que la consulta pública previa para la modificación del Regulamento Xeral de Costas genera una profunda preocupación al afectar directamente a las concesiones que sustentan buena parte de la actividad del complejo mar-industria. En este sentido, advirtió de que cambiar las reglas de juego actuales sin un diálogo real con el territorio supondría poner en riesgo inversiones realizadas durante décadas, miles de empleos y la estabilidad de un sector estratégico para la economía y la cohesión social de las zonas costeras así como del conjunto de la comunidad.

La responsable autonómica defendió que el marco legal vigente ya cuenta con instrumentos suficientes para garantizar la protección ambiental compatibilizándola con la actividad económica. En esta línea, manifestó la necesidad de constituir un frente común en la defensa de los intereses del sector marítimo-pesquero gallego.

Por ello, reiteró el compromiso de la Xunta de defender un marco normativo claro, estable y previsible, reclamando lealtad institucional, participación efectiva de las comunidades autónomas y que cualquier reforma se base en informes técnicos rigurosos y en el respeto a la realidad del litoral gallego y de su cadena mar-industria.