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Santiago de Compostela, 2 de junio del 2026

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, compareció hoy a petición propia en el Parlamento de Galicia para dar cuenta del abanico de medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico con el objetivo de revertir los efectos de los temporales del inicio del año en los bancos marisqueros. Villaverde defendió una hoja de ruta fundamentada rigurosamente en criterios científicos y codiseñada mano a mano con el sector, cuya pieza central es el plan de choque dotado con casi 23 millones de euros —cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura (Fempa)— para la regeneración de los arenales y el sustento económico de las familias del mar.  

La conselleira explicó que la situación actual viene condicionada por lo acontecido en otoño de 2023, cuando una ola de calor anómala primero, y las intensas precipitaciones posteriores provocaron una alta mortandad de los bivalvos. Con todo, el año pasado existían signos de recuperación con un importante stock precomercial que no pudo soportar el impacto del tren de ocho borrascas consecutivas que azotó nuestro litoral entre enero y febrero de este año.  

Villaverde puso especial énfasis en que los planes de restauración no son una imposición de la Administración, sino el mayor ejemplo de "cogobernanza real". La Consellería valida y financia la totalidad del presupuesto y de las acciones que cada pósito determina como necesarias para sus playas (acondicionamiento de sustrato, siembras, control de depredadores o vigilancia), además de garantizar una compensación de hasta 700 euros mensuales (58 € por jornada, correspondiente al salario mínimo interprofesional para trabajadores eventuales) para las mariscadoras que realizan estas tareas de recuperación y un 7 % adicional para los costes de gestión de las propias entidades.  

En esta línea destacó el avance de estos convenios bilaterales. A los ya firmados con Noia, Vilaxoán y Muros, se sumó ayer la autorización en el Consello da Xunta de los convenios de Cabo de Cruz y Vilanova de Arousa, que movilizan conjuntamente más de 1,8 M€. O proyecto técnico boirense de Cabo de Cruz dispondrá de casi 1,4 M€ para actuar sobre más de dos millones de metros cuadrados y sembrar 2,3 millones de unidades de almeja fina y babosa con la implicación de 163 profesionales. Por su parte, Vilanova de Arousa contará con cerca de medio millón de euros para coordinar a 65 mariscadoras a pie en labores de semicultivo y la siembra de 650.000 unidades de bivalvos.

Estrategia de futuro y olvido estatal

Como estrategia estructural para blindar al sector a medio plazo, la conselleira do Mar anunció la puesta en marcha de medidas complementarias de gran calado técnico, como la tramitación de los cambios normativos para prorrogar los planes de gestión vigentes hasta el año 2029 y la dotación de un fondo propio de 1,5 millones de euros para siembras no amparadas por el Fempa.   También destacó la inyección de dos millones para restaurar la biodiversidad, el desarrollo del proyecto MaruxIA —un gemelo digital con inteligencia artificial dotado con tres millones de euros para predecir episodios de baja salinidad—, el diseño del Plan de Acción do Marisqueo 2026-2031 y el pleno funcionamiento del criadero de O Vicedo, operativo desde abril y que podrá suministrar hasta tres millones de unidades de almeja autóctona al año.  

Por último, Marta Villaverde afeó con dureza la falta de implicación del Gobierno central en una problemática que afecta mayoritariamente a mujeres autónomas del mar. La responsable autonómica calificó de "profundamente injusto" que las mariscadoras se vean obligadas a seguir pagando al Instituto Social de la Marina (ISM) una cuota mensual de casi 300 euros a pesar de tener la actividad suspendida por fuerza mayor. Así, recordó que la Xunta envió una carta formal a la dirección del ISM el pasado 13 de marzo exigiendo la exención de estas cuotas sin que, casi tres meses después, se haya recibido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.  

La conselleira también afeó al Ejecutivo central “que lleve destinados cero euros a Galicia” por los daños de los temporales, a pesar de que el Consejo de Ministros del día 10 de febrero ya había declarado a nuestra comunidad como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Esta misma declaración se la otorgó a Andalucía y Extremadura, pero al contrario de ellas, para las que ya se habilitaron ayudas, “como siempre que se trata de Galicia, el Gobierno prefiere mirar para otro lado”, lamentó.