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La conselleira del Mar, Marta Villaverde, reclamó en la Conferencia Sectorial de Pesca y en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios una revisión profunda de la Política Pesquera Común (PPC), de manera que la sostenibilidad ambiental vaya de la mano de la viabilidad económica y social del sector.

Según defendió, «solo así podrá garantizarse el mantenimiento de la actividad, que debe ir acompañado de una definición ajustada de los TAC y las cuotas, así como de medidas que faciliten la renovación de la flota y el relevo generacional».

La responsable autonómica realizó esta valoración apoyándose en la propia evaluación de la Comisión Europea del mes de abril sobre el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 de la PPC, que confirma muchas de las dificultades que Galicia lleva años trasladando a las instituciones comunitarias. «El dictamen pone de manifiesto avances en la gobernanza y en la gestión de los recursos, pero también que persisten problemas estructurales que comprometen la competitividad y el futuro del sector. La sostenibilidad ambiental es irrenunciable, pero solo será posible si se sustenta en bases económicas y sociales sólidas», subrayó Villaverde.

En este escenario, la titular de Mar también insistió en que las medidas de conservación deben ponderarse en función de su eficacia real, con el fin de evitar la disminución de la capacidad de la flota, de la actividad y del valor de los descartes. En este sentido, y con respecto a la obligación de desembarque, Villaverde considera necesario revisar su diseño para adaptarlo mejor a la realidad operativa de las distintas pesquerías.

Cogobernanza europea

Por ello, la dirigente autonómica reclamó un mayor protagonismo de las regiones marítimas en la cogobernanza europea. «Los territorios que vivimos del mar debemos participar de manera más activa en la toma de decisiones. Galicia tiene experiencia, conocimiento y una dependencia directa de la actividad pesquera que debe ser tenida en cuenta», sostuvo.

Asimismo, apostó por impulsar la acuicultura mediante la reducción de las barreras administrativas y por reforzar los controles a las importaciones para garantizar que los productos procedentes de terceros países cumplan los mismos estándares ambientales y sanitarios exigidos a la flota comunitaria.