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Santiago de Compostela, 14 de julio de 2026

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, urgió hoy de nuevo al Gobierno central a aplicar de forma inmediata, efectiva y con carácter retroactivo la exención de las cuotas de la Seguridad Social para las mariscadoras gallegas afectadas por los severos temporales de comienzos de año. La responsable autonómica señaló la falta de operatividad de los constantes anuncios estatales y, de forma particular, el oportunismo de presentar a estas alturas un simple "principio de acuerdo" para una medida que fue comprometida públicamente por representantes del Ejecutivo estatal y del partido que lo sustenta hace ya más de dos meses y medio, sin que hasta la fecha se haya materializado ningún cambio en la situación de las profesionales.

Para la titular de Mar, resulta incomprensible que, ante una situación del sector provocada por los temporales, la respuesta del Ejecutivo central sea la tramitación de un mero borrador de intenciones. Además, rechaza que se pretenda hacer pasar por solución al marisqueo gallego el hecho de introducir una propuesta "por la puerta de atrás" y "con un traje ajeno" a través de un proyecto de ley —procedente del Real Decreto-ley 5/2026— inicialmente diseñado para mitigar los daños en otras comunidades autónomas como Andalucía o Extremadura.

Una norma cuyo procedimiento de urgencia parlamentaria está viéndose bloqueado por sucesivas e inexplicables ampliaciones en los plazos de enmiendas, mientras las trabajadoras gallegas siguen pagando sus cuotas cada mes a pesar de carecer por completo de ingresos y de prestación por cese por causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad.

Galicia cumple frente a la inacción del Estado

La Consellería do Mar destaca que la Xunta está cumpliendo con rigor técnico sus obligaciones al emitir las correspondientes resoluciones de suspensión de la actividad extractiva para que se pudiesen activar los mecanismos de protección social. Cabe recordar que las competencias en materia de cobertura y exenciones corresponden en exclusiva al Instituto Social de la Marina (ISM), “por lo que es el Gobierno de España quien tiene la obligación legal de dar amparo y otorgar las prestaciones por cese de actividad que son un derecho reconocido por ley de las trabajadoras de nuestro mar”.

“La desidia de Madrid —que continúa sin aportar recursos económicos específicos para el litoral gallego pese a haber sido declarada zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil el pasado 10 de febrero— contrasta con la gestión de proximidad y el compromiso financiero del Gobierno autonómico”, señala Villaverde. “Frente a un ejercicio de inacción, la Xunta no trabaja con promesas ni improvisa relatos: actúa con rigor al lado de las cofradías y puso a su disposición casi 23 millones de euros para sostener los ingresos de las mariscadoras y regenerar la productividad de nuestras rías”.