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Santiago de Compostela, 7 de noviembre de 2026

La Xunta reclama a la Comisión Europea que revise la Política Pesquera Común (PPC) y establezca un calendario realista para hacerlo. El presidente gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, trasladaron esta demanda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, a la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. La Xunta ofrece su colaboración para convertir la Visión 2040 para la pesca y la acuicultura en un punto de partida para adoptar medidas concretas.

La Xunta valora que la Visión reconozca problemas estructurales del sector, como la baja rentabilidad de la inversión pesquera, que se sitúa en el 4,6 %, el envejecimiento de las flotas y de las tripulaciones y los resultados insuficientes de la obligación de desembarque. También considera positivos los compromisos de simplificación del marco normativo de la acuicultura antes de que termine 2027 y de impulso a la renovación generacional. Sin embargo, lamenta que el documento no incluya un compromiso de proponer modificaciones del Reglamento de base de la PPC de 2013, que podría continuar vigente hasta 2040, pese a las demandas del sector, de trece Estados miembros y del Parlamento Europeo.

Galicia no cuestiona el marco ambiental de la política pesquera, que la propia Comisión considera sólido, pero reclama revisar las disposiciones que dificultan la actividad y la modernización de la flota, especialmente la obligación de desembarque y las reglas de capacidad. La edad media de los buques costeros gallegos supera los treinta años y se acerca a los cuarenta en algunas zonas. «Renovar no es pescar más», subrayan las misivas enviadas por los responsables autonómicos en referencia a la necesidad de modernizar motores, equipos de seguridad y condiciones de habitabilidad sin incrementar la capacidad pesquera.

La dimensión económica y social de la actividad explica la importancia de esta reivindicación para Galicia, que cuenta con cerca de 4.200 buques registrados, casi nueve de cada diez de artes menores. La cadena de valor desde la lonja hasta la industria conservera genera alrededor de 9.000 millones de euros anuales y representa aproximadamente el 5,5 % del PIB gallego.

También se reclama que las regiones participen en la definición de las soluciones y que se avance en la extensión de la información obligatoria al consumidor a los productos preparados y en conserva, una medida relevante para la transparencia del mercado y para la industria transformadora. En el ámbito estatal, se propone que España defienda en el Consejo de Agricultura y Pesca (Agrifish) un calendario de revisión, una solución normativa para la obligación de desembarque y la renovación de la flota sin aumentar su capacidad, así como una participación efectiva de las comunidades autónomas en la preparación de la posición española.

Galicia, que preside el Grupo de Trabajo de Pesca de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas, ofrece su experiencia y colaboración para avanzar en estos objetivos e invita a los responsables europeos a conocer, de primera mano, la realidad de los puertos gallegos.